En Chihuahua son asesinados 2 defensores del bosque anualmente. Esta vez las víctimas fueron madre e hijo

Otilia Martínez y su hijo Gregorio, defensores del bosque, fueron víctimas de asesinato en Gpe. y Calvo

En la Sierra Tarahumara siguen ocurriendo asesinatos contra quienes defienden del bosque, durante los últimos tres años esto hechos han ocurrido durante los primeros meses, además de ser dos muertes al año, en muy poco tiempo o en algunos casos el mismo día, como las ocurridas este 2 de mayo. A pesar de que la organizaciones civiles han exigido medidas cautelares, las y los defensores del bosque siguen enfrentándose a graves riesgos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en Chihuahua fueron víctimas de asesinato al menos 8 personas defensoras de la tierra, agua y el bosque de la Sierra Tarahumara. Este 2 de mayo de 2019 a la lista fueron sumados otros dos asesinatos, el de la activista Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y el de su hijo, Gregorio Chaparro Cruz, de 20, en la ranchería El Chapote, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

En el estado de Chihuahua los asesinatos han sido casi iguales, en los primeros meses hay dos homicidios de defensores, en ocasiones se hacen en diferentes días o en un mismo día, como en el caso de Otilia y su hijo. Las afectaciones contra activistas ecológicos en Chihuahua se empezaron a notar desde 1986 con la muerte de Julio Baldenegro.

Fue hasta 30 años después de este evento que fue ultimado Isidro Baldenegro López, hijo de Julio Baldenegro y ralámuli premiado con un Goldman en 2005, por su lucha en la defensa de los bosques. De los homicidios más recientes ha estado el de Julián Carrillo, también en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Coloradas de la Virgen, el 24 de octubre.

La Corte Interamericana ordenó hace dos años protección para defensores

El 25 de marzo de 2017, ante el número de asesinatos de activistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.

En ese entonces la Asociación Alianza Sierra Madre establecía que la solicitud de medidas provisionales se hizo porque la comunidad había estado siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas, en un contexto en el cual se sostenía una disputa legal del territorio contra otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal y se alegaba la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra.

A parte de los asesinatos en la Sierra Tarahumara, también se han dado desplazamientos forzados. El 6 de octubre de 2014 se otorgaron medidas cautelares a Prudencio Ramos Ramos y a Ángela Ayala Ramos, quienes en la actualidad se encuentran desplazados a raíz de los asesinatos de Jaime Zubías Ceballos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013.

Mientras siguen las exigencias de organizaciones civiles para que se adopten medidas cautelares, se continúan perpetuando asesinatos de quienes defienden los bosques, la tierra y el agua, y 2019 no fue la excepción en Chihuahua, pues fueron ultimadas dos personas más.

Sobre los recientes asesinatos, la Fiscalía General del Estado declaró que ya han identificado a quienes agredieron a la madre y su hijo. La agencia de investigación, informó que los hechos fueron efectuados por tres hombres conocidos como los “chorohuis”, además la Fiscalía declaró que las victimas fueron lesionadas con arma de fuego.