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Entra en vigor Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos; no podrán ganar más de $108 mil al mes

A pesar de que legalmente la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos entró en vigor este 6 de noviembre, se presume que su aplicación se dé hasta 2019

El 5 de noviembre el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, la cual tiene como objeto la remuneración que perciben los servidores públicos de los poderes de la unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos 

Los sujetos obligados a esta ley son el Poder Legislativo federal, el Poder Judicial de la Federación, los tribunales administrativos de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias federales y los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal, y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva afecte directa o indirectamente al presupuesto federal.

En el capítulo dos de II, donde se habla de la determinación de las remuneraciones, en su artículo 6, párrafo I, establece que ningún servidor público recibirá una retribución mayor por su cargo a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egreso de la Federación. En tanto que en la fracción II establece que ningún servidor puede tener un sueldo igual o mayor que su superior jerárquico, aunque en este sentido señala que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, en el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo: un trabajo técnico calificado o un trabajo de alta especialización.

Todo servidor público deberá tener una remuneración menor de 108 mil pesos

El actual presidente Enrique Peña Nieto gana mensualmente 288 mil pesos mensuales, en tanto que el presidente electo Manuel López Obrador ha anunciado que en su mandato recibirá un sueldo neto de 108 mil pesos, un 40% menor que el del actual presidente, y menor también a los de varios delegados federales que se encuentran en Chihuahua actualmente, como es el caso de Julio César Chávez Ramos, de la Procuraduría General de la República (PGR), quien gana 159 mil pesos.

Mismo caso el de Víctor Manuel Salcedo, delegado de la Secretaría de Educación Publica (SEP), quien mensualmente recibe 130 mil pesos; así como el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cristian Rodallegas Hinojosa, percibe 119 mil pesos al mes.

Martí Batres

Con la publicación de la Ley de Remuneración a Servidores Públicos, el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la ley se encuentra oficialmente en vigor,  de acuerdo con los transitorios, sin embargo, se ha dicho que su aplicación será a partir de 2019.

Ejecutivo se negó a publicar la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos 

La publicación de dicha ley se estuvo atrasando, pues se aprobó el 13 de septiembre del presente año en la Cámara de Diputado y desde el 8 de noviembre del 2011 en el Senado, pero fue hasta el 31 de octubre cuando el senador Martí Batres dirigió un oficio al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informándole la orden de publicación; asimismo dio aviso al director general del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.

Desde la aprobación de la ley, el ejecutivo tenía 30 días para realizar observaciones, sin embargo, no se hizo ninguna y el plazo venció el 20 de octubre, lo cual significaba que tenía la vía libre para publicarse en el DOF, pero el presidente de la república Enrique Peña Nieto se rehusó hacerlo venciendo el plazo el 29 del mismo mes.

Por lo que el presidente del Senado Martí Batres, en la sesión del jueves 31 hizo la declaratoria de la promulgación de la ley a la Secretaría de Gobernación quien tenía 10 días para realizar dicho acto. En la historia de México esta es la segunda ocasión en que el presidente de la cámara alta ordena al ejecutivo la publicación de una ley, la primera se dio en el 2012 cuando Felipe Calderón se negó a promulgar la Ley General de Víctimas.



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