Internacional

En un año México deberá resolver la desaparición forzada y pagar 400 mil dólares a víctimas en Buenaventura, Chih.: CIDH

Por segunda ocasión la Corte declara a México responsable de desaparición forzada

La CIDH determinó la responsabilidad de México por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por lo que demandó que el Estado deberá pague como parte de la reparación del daño 464 mil dólares a las víctimas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 28 de noviembre de 2018 la sentencia sobre el caso Alvarado y otros vs México, el cual versa sobre la desaparición de Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes el 29 de diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, luego de la “militarización de la seguridad pública” que propuso el gobierno de Felipe Calderón.

CIDH

Por unanimidad, integrantes de la CIDH, dictaminó que el Estado Mexicano es responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, y en consecuencia por la violación de sus derechos fundamentales. México fue responsable por la violación del acceso a la justicia, el derecho a la integridad personal, así como el derecho a la integridad personal reconocido en la Convención Americana, en prejuicio de los grupos familiares identificados.

La noche de la desaparición de José Ángel y Nitza Paola Alvarado

El 29 de diciembre de 2009, entre las 8:00 y 9:00 de la noche, los primos José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza se encontraban a bordo de una camioneta azul marino, doble cabina, estacionada en las afueras de la casa de la madre de Obdulia Espinoza Beltrán, esposa de José Ángel, en el ejido Benito Juárez.

En ese momento, arribaron al lugar dos camionetas particulares, una de ellas marca Chevrolet, doble cabina, color gris, diésel y la otra marca Hummer, color blanco o “cafecita”, de las cuales descendieron entre ocho y diez personas portando armas largas, cascos y gorras, sin pasamontañas, así como uniformes de tipo militar, algunos de color arena camuflado, y tenían una voz distinta a los pobladores.

Los sujetos se dirigieron en su mayoría hacia el lado del conductor, donde se encontraba Nitza Paola, mientras otro de ellos se dirigió hacia José Ángel, quien había descendido de la camioneta y se encontraba de pie junto a la cabina. Lo elementos revisaron el vehículo y luego de un intercambio de palabras tomaron del cabello a Nitza Paola para obligarla a bajar. 

Fue cuando José Ángel intentó defenderla, el sujeto que se encontraba a su lado lo golpeó en la cara con el arma que portaba, luego de ello subieron a ambos familiares a la parte posterior de la camioneta doble cabina en la que llegaron, retirándose con rumbo desconocido. Luego de ello la esposa de José Ángel, quien fue testigo de los hechos, regresó al domicilio de familiares para dar aviso de lo ocurrido, por lo que arribaron al lugar de los hechos.

Estado mexicano implementará una búsqueda para saber qué ocurrió con la familia desaparecida de Buenaventura, Chih.: CIDH

Siete años después, cuando las familias de las víctimas habían recorrido con su búsqueda por saber qué ocurrió a sus familiares todas las instancias posibles en México, sin encontrar respuesta, el 9 de noviembre de 2016 el caso fue escuchado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se sentenció a presentar respuesta, indemnizar a las víctimas e implementar medidas contra la desaparición forzada como garantía de no repetición.

Por lo que dispuso que el Estado debe realizar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de Alvarado Espinoza, Alvarado Reyes y Alvarado Herrera.

El Estado debe continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y , en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada. Además, debe brindar el tratamiento sicológico y siquiátrico a las víctimas que así lo soliciten.

Asimismo debe analizar medidas adecuadas para la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas que generen datos estadísticos que permitan determinar claramente cuando se trata de desaparición forzada.

Dentro de un año a partir de la emisión de la sentencia, México deberá presentar un informe de los avances de las medidas adoptadas

Víctimas del caso Alvarado.

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso. Asimismo, debe pagar una cantidad de 70 mil dólares por concepto de lucro, esto a favor de Nitza Paola Alvarado Espinoza; además de pagar 31 mil dólares a favor de José Ángel Alvarado Herrera y 43 mil dólares a favor de Rocío Irene Alvarado Reyes. En cuanto a los familiares de las víctimas desaparecidas generaron gastos que deben ser considerados como daños emergentes.

Por lo anterior se fija un monto de 15 mil dólares al grupo familiar de Nitza Paola Alvarado Espinoza, pues sí se acreditaron debidamente algunos gastos; de la misma manera 5 mil dólares a la familia de Alvarado Reyes y Alvarado Herrera, ya que no se acreditaron gastos.

Siguiendo con los pagos, de conformidad con los criterios desarrollados por la Corte sobre el concepto de daño inmaterial, y atendiendo a las circunstancias del caso el carácter y gravedad de las violaciones cometidas, se fijó una cantidad de 100 mil dólares a favor de cada una de las víctimas desaparecidas, este monto deberá ser entregado en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia.

Las representantes solicitaron la cantidad de 1 millón 957 mil 740 pesos con 87 centavos por concepto de viajes, apoyo en efectivo a los familiares, gastos diversos y por los gastos incurridos por el abogado Carlos Spector en el proceso de residencia legal permanente, gastos derivados de cruce en el puente internacional, y por los casos sobre asilo político.

Por último, en sus alegatos finales, las representantes aumentaron el monto estimado inicialmente para incluir gastos adicionales posteriores a la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, por una suma igual a 516 mil pesos y por concepto de recursos humanos, viajes y otros gastos, para un total de 134 mil 395 pesos con 77 centavos.

Consulta la sentencia completa emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí



Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *