ONU falla a favor de periodista Lydia Cacho; pide sacar de la ley “delitos de honor”

 El Comité de Derechos Humanos de la ONU, establece a México un plazo de 180 días para emitir un dictamen respecto al caso de la periodista Lydia Cacho

Han pasado 13 años desde la detención arbitraria de Lydia Cacho y la ONU falló a su favor, todo empezó cuando en marzo de 2005 la periodista publicó el libro “Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil” en dicho libro revelaba la existencia de una red de corrupción y explotación infantil.

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Asimismo señalaba funcionarios públicos como Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, Miguel Ángel Yunes y así  al empresario José Kamel Nacif. En julio de 2005 Nacif presentó una denuncia contra la periodista en Puebla por los delitos de difamación y calumnia.

La resolución del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señala que el 12 de julio un agente del ministerio público abrió una averiguación previa contra Lydia, pero esto no le fue informado a la periodista. Luego, el 10 de agosto del mismo año, el agente del ministerio público formuló la acusación ante el Juzgado Quinto en Puebla.

El 15 de septiembre el Juzgado Quinto declinó su competencia, pero el 10 de octubre el Ministerio Público formuló nuevamente imputación por lo que el 12 de octubre inició el proceso penal contra Lydia Cacho y se emitió una orden de detención en contra de la periodista.

La detención de la periodista Lydia Cacho fue realizada por 5 agentes privados del empresario José Kamel Nacif

Al mes de emitirse la orden de detención, el 16 de diciembre de 2005, la periodista Lydia Cacho fue arrestada en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM). El contingente de 10 personas que realizó el arresto se integró por 3 agentes de la Policía Judicial de Puebla, 2 agentes de la policía de Quintana Roo y 5 agentes privados enviados por el empresario Kamel Nacif, propietario también de uno de los automóviles usados para el traslado.

Sin embargo, ni durante el arresto ni en ningún otro momento de ese día la periodista pudo ver su orden de detención, en un primer momento fue trasladada a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo en donde permaneció incomunicada. Ese mismo día fue trasladada a Puebla, acompañada por agentes de la policía de Quintana Roo y dos hombres civiles.

El trayecto de Quintana Roo a Puebla duró 20 horas, durante ese tiempo a la periodista no se le permitió ingerir alimentos ni dormir, no se le suministraron medicamentos para tratar la bronquitis, se le autorizó ir al baño en una sola ocasión y una sola llamada a su pareja. Así mismo fue víctima de tortura psicológica, física y sufrió insinuaciones sexuales, sufrió violencia verbal y física y también fue amenazada de muerte.

De acuerdo con el documento de resolución, en el trayecto uno de los agentes le insertó una pistola en la boca a la periodista haciendo movimientos circulares mientras realizaba comentarios sexuales, luego le pasó el arma por los senos, le separó las piernas y apuntó con el arma a los genitales, luego presionó el arma contra el abdomen y le bajó el cierre del pantalón.

Después de haber sufrido el acoso sexual de los agentes de Quintana Roo, ya en los separos de la PGJ de Puebla, fue conducida a un cuarto en donde un individuo la empujó, le abrió la camisa y le tocó lo senos, luego la tomó del cabello y apretó la cabeza de la periodista contra la pared.

Tras la detención la periodista fue presentada ante el Juzgado Quinto de lo Penal en Puebla y fue liberada luego de pagar una fianza de 70 mil pesos. Pero el 23 de diciembre de 2005 el juzgado dictó auto de formal prisión en contra de Lydia, que fue apelado el 27 de diciembre del mismo año por lo que el caso siguió el proceso por difamación.

En el mismo mes de diciembre el empresario José Kamel Nacif admitió a través de una nota periodística que recibió apoyo del Gobernador de Puebla en la detención de la periodista.

Al conocer el caso el 22 de febrero del 2006 el Congreso de la Unión solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ejercer su facultad de atracción para investigar el caso por las graves violaciones de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

El 13 de marzo de 2006 Lydia Cacho presentó las denuncias ante la PGR por los delitos de tortura, tentativa de violación, detención arbitraria, intimidación y abuso de autoridad contra 2 agentes judiciales de Puebla. Denunció los delitos de cohechos, tráfico de influencias, delito contra la administración de justicia y coalición de servidores públicos contra el gobernador de Puebla, la PGJ y la jueza del Juzgado Quinto de lo Penal en Puebla.

Las denuncias realizadas por la periodista dieron a lugar a dos averiguaciones previas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Hasta el 2007 la SCJN concluyó que no se violaron de forma grave las garantías de la periodista.

Por lo que el 19 de junio de 2009 la periodista solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares, las cuales fueron concedidas el 10 de agosto del mismo año. Y el 13 de octubre del 2014 el caso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La ONU pide eliminar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas de México

El Comité de los Derechos Humanos a su vez emitió la resolución el 31 de julio de 2018 en donde señaló que el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a Lydia un recurso efectivo, es decir, debe realizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista.

También debe de procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe de ofrecer una compensación adecuada a Lydia así como adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que las y los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

Por último, el comité puso un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen y piden al Estado mexicano que publique el dictamen con amplia difusión.