Lo que en otros países funcione de alguna manera aceptablemente no significa que en el nuestro funcionaría de la misma manera
Con una cierta regularidad se dejan escuchar las voces de algunos opinionistas que se pronuncian a favor de una segunda vuelta electoral para nuestro país. Sin duda alguna en ello han influido las elecciones en Francia para elegir el Presidente de la República, mediante un proceso que, precisamente con una segunda vuelta, se concluyó hace pocos días.
El Dr. Adrián Rentería, originario de Delicias, Chih. es jurísta mexicano, Dr. en Filosofía de Derecho, Docente de la Cátedra del mismo nombre en la Universidad de Insubria, Italia así como de la UNAM
Leo Zuckermann, un comentador con una fuerte presencia en los diarios y en la televisión ha hecho suya la idea de que en México es necesaria y urgente una segunda vuelta, por dos razones fundamentales. La primera es que ya está prevista en otros países y la segunda es que su puesta en acto dotaría al órgano electo de una mayor legitimidad, lo que se traduciría en poderes más amplios en cuanto a la gobernabilidad (Excélsior, 24 abril 2017). Examinemos rápidamente las razones de Zuckermanm, pero antes una muy breve descripción del mecanismo mediante el que funciona la segunda vuelta electoral.
En una sociedad donde las elecciones se celebran de una manera más o menos libre es casi inevitable, dada la inevitable fragmentación de los votos, que se genere un contexto multipartidista que a su vez da como resultado que quien obtiene el triunfo no alcanza la mayoría absoluta. Tal factor, junto con otros, por ejemplo el hecho de que la complejidad de la sociedad actual genera el desacuerdo más que la homogeneidad de un pensamiento único, sin duda contribuye en alguna medida a esa fragmentación de los resultados electorales.
En tales condiciones, en algunos países -inclusive con la intención de crear de manera un tanto artificial un sistema bipartidista- se ha tomado la decisión de llamar a una segunda vuelta electoral a los dos candidatos que en la primera vuelta hayan obtenido los resultados más elevados; con el deseo, parece evidente, de hacer confluir en un único candidato los votos de los partidos “perdedores”, y, probablemente, para asegurar la gobernabilidad, y la legitimidad, es decir dos de las razones esgrimidas por Zuckermann.
Que México se deba dotar de una segunda vuelta en virtud de que en otros países esa modalidad ya ha sido adoptada, es, francamente, un argumento muy débil. Lo que en otros países funcione de alguna manera aceptablemente no significa que en el nuestro funcionaría de la misma manera. Y, por otra parte, si fuera plausible tal argumento no habría motivos para no sostener que dado que en Inglaterra, en España, en Holanda y en Bélgica se tienen monarquías también en México deberíamos tener un Rey; o bien, en el mismo tenor, para afirmar que dado que en Noruega y en Suecia la Constitución se puede reformar pero eso comporta la desaparición de poderes, la realización de nuevas elecciones y la ratificación, sin cambio alguno de la reforma por el nuevo parlamento, en México se debería adoptar la misma modalidad.
Algo tan relevante para la vida pública como una ley electoral, una forma de gobierno y el constitucionalismo rígido, no deben adoptarse simplemente porque otros ya lo han hecho, sino sólo en virtud de un análisis serio de las condiciones operativas en un determinado contexto social, de sus posibles efectos, negativos y positivos.
Por otro lado, el segundo argumento esgrimido por Leo Zuckermann no es tan débil pero corre el riesgo de ser visto como tendencioso. Legitimidad significa, es cierto, gobernar mediante el consenso, es decir contar con el apoyo de quien, el elector, confiere el poder a los representantes. Sería, sin embargo, demasiado ingenuo pensar que la legitimidad se agote exclusivamente en ese aspecto, que bien podríamos llamar ‘legitimidad formal’ en cuanto que no toma en consideración el contenido de las decisiones tomadas por el gobernante legítimo; cuenta, y claro que cuenta, una legitimidad que podríamos denominar ‘material’, o sea aquella que deriva del hecho de que las decisiones del gobernante reflejen, en una cierta medida, el consenso de los gobernados.
Este segundo aspecto de la gobernabilidad no es una consecuencia lógica del primero, pues, en efecto, bien puede suceder que un gobernante elegido con el 30 % de los votos emitidos se legitime frente a toda la sociedad, inclusive quienes no le dieron su voto, en virtud de la sustancia de las decisiones que asume; y bien puede suceder también, en otro sentido, que un gobernante electo con el 90% de los votos tome decisiones contrarias a los pareceres de sus electores.
Gobernabilidad, por su parte, es una palabra que en la esfera de la política puede asumir significados muy diferentes, pero probablemente el más plausible es el que tiene que ver con la posibilidad concreta de que el gobernante gobierne, es decir que use el poder, que tome decisiones, que su proyecto político pueda ser puesto en acto sin demasiados obstáculos.
Ahora bien, si éste el sentido más acreditado de la palabra ‘gobernabilidad’, y me parece que así es, entonces es necesario asumir ese significado y utilizarlo para dar cuenta de la realidad de la política en nuestro país. ¿Es la gobernabilidad, o no lo es, una característica del funcionamiento de la política en nuestro país? Si la respuesta es negativa entonces hay que darle la razón a Zuckermann y tratar de encontrar una solución; por supuesto, si estamos de acuerdo con el postulado de que el gobernante debe poner en acto su proyecto político sin encontrar barreras.
Si la respuesta es positiva, es decir si la acción de la política en nuestro país se realiza en un contexto de plena gobernabilidad, o más o menos plena, entonces el argumento de Zuckermann no es plausible.
Francamente, a partir de una observación apenas atenta del manejo del poder político en nuestro país, no creo que existan dudas para dar una respuesta positiva a la pregunta.
En otras palabras, nuestros gobernantes operan en un régimen que les asegura márgenes muy amplios de gobernabilidad; o porque, como sucede en las entidades federativas, los gobernadores manejan a su antojo tanto a los congresos locales como a otros órganos de control (Procuradores, Tribunales, Fiscalías) o bien, en el caso del ejecutivo federal, porque la gobernabilidad la obtiene a posteriori mediante la alianza con exponentes de otros partidos o mediante el ejercicio legislativo que la ley le asegura.
En todo caso, como la experiencia pone en evidencia, el hecho de que el actual ejecutivo federal haya sido electo con alrededor del 38 % de los votos emitidos, con un porcentaje de abstencionismo de alrededor del 38 % de los casi 80 millones de posibles electores, eso no le ha impedido llevar a cabo su proyecto político.
Finalmente detrás de una segunda vuelta electoral se esconde un aspecto no menos relevante, que ignoro cuánto puede o no puede estar detrás de las convicciones de quienes la proponen.
El mecanismo de la segunda vuelta, como se ha visto, consiste en elegir entre los dos candidatos vencedores en la primera ronda electoral. Ahora bien, con todas las dudas que existen (y que recientemente han sido confirmadas en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Colombia) acerca de las encuestas electorales, sin embargo la sensación que se tiene acerca de las elecciones presidenciales del próximo año es que Andrés Manuel López Obrador tiene serias posibilidades, ahora sí, para convertirse en Presidente de la República; esto, por supuesto, si se mantiene el sistema actual con una única ronda electoral. Con una segunda vuelta, he aquí un punto crucial, sería muy probable que los votos conjuntos de otros partidos dieran un resultado contrario al de la primera vuelta, para dejar, de nuevo, a AMLO suspirando…
