Tras cinco años del homicidio de Marisela Escobedo, quedan pendientes aún la aplicación de medidas que recomendadas en el año 2013, por la Comisión Nacional de Derecho Humanos emitió la recomendación 44/2013.
Tras un análisis del órgano nacional de Derechos Humanos en el que se expresó que existen elementos suficientes de impunidad en los casos de Rubí Frayre y Marisela Escobedo, denotando la falta de respuesta y colaboración del Gobierno del Estado.
En el documento presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) se concluye que existen elementos suficientes para evidenciar que se violaron los derechos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de justicia y derecho a la verdad, así como la omisión del ministerio público para brindar protección y seguridad en agravio a Marisela Escobedo y sus familiares en calidad de victimas y ofendidos del delito.
Al Gobierno del estado se les hace responsables de las acciones y omisiones que propiciaron las condiciones de su asesinato y posteriormente obligó a sus familiares a migrar a los Estados Unidos.
En el reporte de la CEDH se atribuyen las violaciones a derechos humanos por conductas de servidores públicos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, que a su vez forman parte del poder ejecutivo estatal. Es por esta razón que las recomendaciones son dirigidas al Gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jaquez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita que se ofrezca una disculpa institucional a los familiares, que implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE); dándose a conocer garantías de no repetición, hecho que hasta hoy no se ha llevado a cabo.
La CEDH exige que el Gobernador colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos contra los servidores públicos involucrados, que a la fecha no han sido sancionadas sus irregularidades.
Se exige a la FGE que realice todas las acciones necesarias para otorgar a los familiares de Marisela Escobedo asistencia médica, psicológica, social y material hasta en tanto no cesen los padecimientos psíquicos y médicos generados por la pérdida de la defensora.
Se pide también que se integren y determinen las carpetas de investigación respecto a las amenazas y el homicidio, se tomen las medidas necesarias en tiempo y forma, observando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, garantizando la investigación y reparación de daños sin que se enfrentes complejidades que signifiquen impedimento y obstrucción a la satisfacción pronta.
El documento recalca la importancia del diseño e impartición de programas integrales de capacitación y formación de los Ministerios Públicos, a fin de promover la actualización y especialización en materia de atención a víctimas, así como fortalecimiento de valores éticos y morales, en los que se les induzca a adecuar su actuación a los principios que rigen el servicio público.
Demanda también que en lo subsecuente los fiscales especiales, jefe de unidad, directores y agentes del Ministerio Público atiendan en tiempo y forma, las solicitudes información que formule la CNDH con motivo de las investigaciones que lleva a cabo.
Llama la atención sobre el hecho de que los Ministerios Públicos encargados de investigar el homicidio de la Marisela Escobelo, a pesar que desde el primer momento tuvieron conocimiento de que la víctima había sido amenazada de muerte por Andrés “Andy” Barraza, meses antes, “se omitió considerar como principal línea de investigación la probable participación de este en el homicidio…”, omisión que no se explica cuando la PGR remitió a la FGE copia de la declaración del hermano de Marisela (testigo del asesinato) de la que se advierte que el compareciente reconoció a Andy Barraza, a través de rueda fotográfica, como el sujeto que privó de la vida a su hermana.
La CNDH advierte también que existe en la carpeta un informe de fotografías elaboradas por un perito de la FGE en el que concluye que “con los elementos de prueba que constataban en la indagatoria, no era posible establecer una comparativa positiva entre el imputado José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked.
José Enrique Jiménez Zavala fue presentado por las autoridades el 7 de octubre del 2012 como el asesino material de Marisela Escobedo; el homicida que aparece en las imágenes de una videograbación del hecho. Señala finalmente que las líneas de investigación que trabajó la FGE respecto de la participación de Jiménez Zavala «El Wicked» y otro sujeto en el homicidio, son esencialmente a consecuencia de la confesión de los imputados sobre su participación.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización con sede en la el Estado de Chihuahua, en México dedicada a la defensa activa de los derechos humanos en el ámbito local e internacional, informó que planea solicitar el apoyo de instancias internacionales para evitar que se archive el caso a dos años de la expedición de las recomendaciones por la CNDH al Ejecutivo Estatal de Chihuahua y sin que estas se hayan cumplido a cabalidad.
Actualmente el CEDEHM trabaja para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recibe, analiza e investiga denuncias de personas que consideran han sufrido violaciones a sus derechos humanos y puede solicitar a los Estados que adopten medidas de protección para personas o grupos que se encuentran en situaciones que, por su gravedad y urgencia, de sufrir perjuicios irremediables.
Otro organismo de amplio peso en el tema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos organo que puede conocer y resolver casos en que las personas alegan que sus derechos humanos han sido violados por los Estados. Sin embargo las personas no pueden directamente presentar su caso ante este tribunal, se debe hacer primero ante la Comisión CIDH, instancia que dedice, según el caso y consultando previamente a las víctimas, presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Alertas de género ¿Qué son?