Quizá carezca de obviedad las implicaciones de violaciones sistemáticas de derechos que estamos desarrollando en el presente artículo. Más allá de teorías de conspiración y argumentos falaces, lo que podemos observar es que el Poder Ejecutivo del Estado, la entidad pública encargada de ejecutar, cumplir y hacer cumplir la ley, es la primera en desobedecerla.
Si usted entrara a los portales de transparencia del H. Congreso del Estado y del Poder Judicial, podría constatar que la información pública de oficio, sigue ahí, aunque exista un acuerdo del INAI que les dice que el último día para transparentar es mayo.
Con mucho menos personal, los otros poderes del Estado, aún cumplen con la obligación legal de presentar su información pública de oficio -a pesar de ser impopulares ante la opinión pública-. Tanto el Congreso como el Tribunal Superior cumplieron con la actualización trimestral y muestran su información actualizada hasta enero de 2017.
Aunque existen algunos documentos en el archivo histórico de información de transparencia, su última actualización en algunos casos fue del 31 de marzo de 2016. Por ejemplo, el directorio del Despacho del Gobernador del Estado, que en marzo contaba con sólo 13 personas, no ha sido actualizado. El argumento sería la incapacidad técnica de actualizar el directorio de 13 personas por cambio de personal. Lo que nos lleva a pensar que o si bien se redujeron las personas en el directorio, por lo cual sería más sencilla la actualización de dicha información; o aumentó monumentalmente el personal del Despacho, lo cual iría en contra de la visión de austeridad que se ha anunciado a la opinión pública.
Cualquiera que sea el argumento o la especulación, lo cierto es que mi derecho a conocer el directorio del Despacho del Gobernador del Estado, está siendo violentado por una mala interpretación de un acuerdo. Cabe aclarar que la página oficial de transparencia no hace alusión a dicho acuerdo.
Consideremos ahora que las leyes de transparencia determinan que la aplicación e interpretación de la Ley debe prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, el principio pro persona.
Bajo este argumento, el poder ejecutivo del Estado, a cargo de su titular y titulares, sistemáticamente están violando el derecho humano al acceso a la información pública.
Esta violación en primera instancia muestra la poca atención que se tiene de parte de la nueva administración hacia lo que la ley federal y local les mandata. A esto debemos ser claros, el que muy probablemente sea un hábito cultural que se arrastra de años anteriores, no sería justificación ya que el que otro lo haga no quiere decir que nosotros podamos y debamos hacerlo.
En segunda instancia, deja en indefensión a las ciudadanas y ciudadanos que necesitan dicha información; y que se ven limitados en el ejercicio de sus derechos por malas prácticas administrativas.
Por ejemplo, la información pública de oficio no sólo incluye cuestiones de gasto público también: Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; los mecanismos de participación ciudadana; los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; entre otra información.
Ahora bien, además de una cuestión de incumplimiento legal, que debería ser argumento suficiente para rectificar las acciones que el Gobierno del Estado está realizando en miras de los derechos de las personas, tenemos aún otro de carácter ético: la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Para diferenciar mala prensa y buena prensa, los políticos argumentan que esta debe hacerse en base a pruebas documentales y “fuentes fiables”. Para diferenciar propaganda política de avances en materia de derechos, lo declarado por el gobierno debe corresponder con el cumplimento de las obligaciones y encontrarse claramente y accesible a todos.
Hace un mes, con fecha dos de febrero del año 2017, el Gobernador del Estado declaró: “Todo lo vamos a aclarar, vamos a ser un gobierno abierto al escrutinio público, con las consecuencias que tiene abrirlo todo, pero vamos a ser mejores y aprovecho para llamar a todos los secretarios, directores, administradores, a que nos empeñemos en hacer las cosas muy bien, por supuesto que nos podemos equivocar”
No obstante, en diversos medios de comunicación la impresión y los argumentos que denuncia la imprecisión de los dichos del gobierno, nos muestran como nos acercamos a un punto de indolencia ante los reclamos de la opinión pública.
El Poder Ejecutivo, a través del uso de los recursos públicos, con los cuales paga las plataformas mediáticas de comunicación social, o los pagos en publicidad, informa sin sustento que su gobierno es transparente. Tan sólo en 2017 han aplicado 1.8 millones en campañas y avisos institucionales, para vender la idea de ser un gobierno abierto, sin tener las plataformas que den sustento a ese dicho.
En este sentido, y después de todo este viaje argumental por lo que sucede en la transparencia del poder ejecutivo, sólo me queda un último cuestionamiento:
Si se proyectaron 19.4 millones de pesos en materia de publicidad oficial para 2017; no será mejor, en aras del respeto a los derechos de las personas, destinar esos recursos a implementar cuanto antes las plataformas de acceso a la información pública, más que a la difusión de las acciones de gobierno.
Ahora sí que, haciendo nuestras las palabras de Javier Corral, consideramos que “la visión general de transparentar y publicar todo nos va a hacer mucho mejor gobierno” y pedimos que “en ninguna dependencia nadie se sienta ni abrumado ni acosado.”
