Seguridad Pública, con falta de perspectiva de derechos humanos al momento de detener a mujeres trans en el 2014
El 26 de abril del 2018 se llevó a cabo el II Congreso de los Derechos de las Mujeres Trans organizada por Organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense A.C, con el objetivo de visibilizar los derechos humanos de las mujeres, que incluye el derecho a la salud, trabajo e identidad sexo genérica donde participaron mujeres Parral, Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua, Zacatecas y Torreón
Las integrantes del comité organizador son Mirella Rodríguez, Tania Lozano y Regina Gardea quien señaló que otro de los objetivos era buscar el empoderamiento de las mujeres, quienes con este congreso realizan mesas de trabajo en donde se habla de las dificultas que enfrentan diariamente, así mismo se busca que personas que integran las distintas instituciones también de unan a dicho espacio.
Durante el foro Saúl Castañeda, capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH analizó la recomendación 58/2016 hecha a Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chihuahua. El caso llegó a la comisión de Derechos Humanos el 7 de marzo de 2014, por mujeres trans que habían sido agredidas.
Seguridad Pública y la violación de derechos de cinco mujeres trans en Ciudad Chihuahua
La agresión de dio el día 6 de marzo de ese mismo año, cinco mujeres trans se encontraban laborando en zonas de tolerancia a las 21:00 horas, llegó un operativo del Departamento de Regulación Sanitaria del Municipio, le manera hostil solicitaron al grupo de mujeres el registro sanitario, al no presentarlo, el operativo realizó una llamada pidiendo apoyo a la policía municipal; arribaron 4 unidades policiales y arrestaron las 5 mujeres de acuerdo al documento que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“O se hacen la prueba del SIDA aquí y ya o se quedan detenidas hasta mañana que llegue el médico de sanidad para autorizar salida”, 4 de las arrestadas, sin cometer delito hicieron lo que les indicaban, una más solicitó apoyo legal y se negó al abuso; por ello, los agentes la desnudaron, “para tomarle huellas” y posteriormente los elementos iniciaron una serie de burlarse de la mujer.
Otro requisito para su libertad, era desmaquillarse pues con maquillaje no se le podía dejar salir, informó uno de los agentes a las detenidas, al no lavarse la cara se hizo pasar por un juez de barandilla, por lo que tuvieron que estar detenidas hasta el siguiente día 7 de marzo, dejaron salir a 4 de ellas a las 8:00 horas cuando llegó un representante de regulación sanitaria quien les hizo una prueba rápida de VIH, con el mismo instrumental, lo que representa una agravante de riesgo para ellas.
En el caso de la mujer trans, que había sido víctima de las burlas de los elementos de seguridad pública, se quedó por más tiempo en la celda ya que decidió hacer valer su derecho a no hacerse la prueba en un lugar sin las condiciones médicas estípuladas por la ley; además no se le fijó una fianza.
De acuerdo a la cartilla de los derechos de las mujeres trans, para que se lleve a cabo una prueba de VIH, es necesario que exista información previa sobre el proceso, además tiene que realizarse en una institución de salud con el previo consentimiento de la persona.
Violaciones a la legalidad y seguridad jurídica en el caso: Saúl Castañeda
En la recomendación emitida por la CEDH se pueden leer, las agresiones y amenazas sobre tener muchos problemas con la Fiscalía porque no querer hacerse la prueba estaba cometiendo un delito. La juez Mirna Márquez, le señaló que no tenían derecho a multa, la víctima declaró haber escuchado a la juez decir que a ella nadie le decía que hacer y que en lugar de 24 horas, se quedaría 36 horas detenida, todo esto de acuerdo al documento emitido por la CEDH, en donde se habla sobre lo que había ocurrido en el caso.
Sobre la detención en todo momento se siguió un proceso discriminatorio, desde el momento de desnudar a una de las detenidas, pedirles pruebas rápidas de VIH en un lugar inadecuado, pedir que se desmaquillara hasta terminar por amedrentarlas con comentario de que no merecían una multa.
La primera recomendación de la Comisión fue para el entonces presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, para que instruyera los procedimientos aclaratorios de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan tenido participación. La segunda recomendación también al Alcalde fue para que tomara las medias administrativas correspondientes a garantizar la no repetición de un hecho igual.