El 12 de diciembre de 2002, dos días después de cumplir 16 años, Paola Guzmán Albarracín se quitó la vida, luego de haber sufrido durante dos años abuso sexual por parte del vicerrector de su colegio en Ecuador. El 28 de enero de 2020, 18 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso que no se pudo esclarecer en su país a la Corte Interamericana.
Los hechos ocurrieron cuando la estudiante del Colegio Martínez Serrano, Paola Guzmán Albarracín, de entonces 14 años, buscó ayuda con el vicerrector Bolívar Espín Zurita, de 65 años de edad, para mejorar sus notas. Por lo que éste a cambio le pidió favores sexuales, acoso y abuso que duró por dos años, hasta que ella quedó embarazada.
“Paola fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña”. –Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El día de su muerte, Paola consumió fósforo blanco, el cual es un agente incendiario, luego se fue a la escuela. Al llegar no se le brindó atención, y en lugar de eso la pusieron a rezar para pedir perdón por lo que hizo. No fue sino hasta tres horas después que una de sus compañeras le llamó a la mamá de Paola, Petita Albarracín, quien la recogió y la llevó a un par de hospitales, pero fue demasiado tarde, porque falleció en uno de ellos, dijo su madre.
En 2003, hubo un dictamen acusatorio por presunto acoso sexual e instigación al suicidio en contra de Bolívar Espín Zurita, pero un juez negó el pedido de prisión preventiva, mientras que el Sistema Judicial de Ecuador y la opinión pública condenaron a Paola porque consideraban que ella había buscado y seducido al vicerrector.
Un año después se dispuso su captura, pero se fugó, y debido a esto fue destituido del plantel por abandono del cargo, además de imponérsele una indemnización por 25 mil dólares por daño moral a favor de Petita Albarracín, monto que nunca pagó. Por la ausencia del vicerrector, en la parte penal los hechos no pudieron ser aclarados.
De acuerdo con Catalina Martínez Coral, abogada de la madre de Paola, dijo que el problema es que los prejuicios en Ecuador no dejan visibilizar el delito sexual y la posición de poder que tenía el vicerrector sobre Paola. Por lo que, que este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primero que aborda la problemática de acoso y abuso sexual en instituciones educativas, ayuda a que se reconozca el abuso sexual y se creen protocolos para evitar este tipo de casos.
Antes de la audiencia, la abogada, dijo que buscan que el Estado repare el daño a la familia, pues los dos hombres eran servidores públicos, además de tomar medidas de rehabilitación médicas, sicológicas y simbólicas para sus miembros. Sin embargo, durante ésta el Estado reconoció de manera parcial su responsabilidad por su falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables, además de la ausencia de medidas de prevención.
Aunado a esto, el caso de Paola podría ayudar a crear jurisprudencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en América Latina. Así como entender y atender el problema de acoso y abuso en un ambiente educativo, pues el consentimiento no puede ser considerado válido cuando existen estas dinámicas de poder.
Corte Interamericana visibiliza el abuso sexual en escuelas
Con el caso de Paola salieron a la luz los estigmas por los que pasan las niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia sexual por parte de autoridades escolares, y cómo opera el vicio de consentimiento por las relaciones de poder.
Ante esta situación, colectivos feministas en Ecuador convocaron a realizar el performance “Un violador en tu camino” en distintas ciudades para exigir justicia en contra de un Estado que no puso atención y de unos culpables que siguen prófugos.
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