Jueces, juezas y magistraturas no son electas por voto directo de la ciudadanía, por tanto no pueden afirmar en una mayoría de votos su legitimidad, expresó el magistrado Pablo Héctor González ante el Pleno del Tribunal Superior.
Enfatizó la importancia del ejercicio ético en el Poder Judicial que permite obtener legitimidad ante la sociedad, cuya segunda piedra es el profundo conocimiento del derecho que faculta discernir en situaciones complejas y las sentencias necesarias para impartir justicia.
Un total de 300 personas que laboran en el Tribunal Superior de Justicia obtuvieron seguridad laboral al dejar los contratos eventuales de 3 meses para recibir su plaza, con lo cual lograron acceder a derechos laborales.
No fuimos electos por voto popular, por tanto sólo nuestro actuar ético dará legitimidad ante la sociedad: Pablo Héctor González
Se pusieron en marcha Juzgados Auxiliares en materias civil y familiar en los distritos Bravos y Morelos, los cuales ayudan a quitar la carga de asuntos tradicionales, se adquirió la “Plataforma Integral de Recursos”, que busca maximizar los recursos humanos y financieros.
También se creó el primer tribunal especializado en narcomenudeo, siendo el primer modelo en el país, el cual permite disminuir tiempos en la formulación de la imputación, que es cuando a la persona imputada se le hacen saber cuáles fueron sus delitos y la autorización de la suspensión condicional del proceso. Además del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA), con el que se realizaron 7 mil 546 tamizajes y se reinsertó integralmente a 10 de estos participantes.
Presentaron el modelo del Tribunal Especializado en Violencia de Género, en el que jueces mixtos atenderán a la vez los procedimientos penales y familiares, emitieron tesis jurisprudencial que autoriza el procedimiento en el sistema de justicia para adolescentes y han sido resueltos más de 7 mil recursos en las materias civil, familiar, penal, de adolescentes y administrativa. Concluyéndose más de 50 mil expedientes civiles y familiares en primera instancia y en materia penal fueron 12 mil causas, en 56 mil audiencias.
También se realizó la primera auditoría de género, por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en los catorce distritos judiciales, donde se instaló la Red Interna de las Áreas Administrativas de Apoyo a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos (UIGDH).
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Además el Instituto de Servicios Previos al Juicio, a un año de su creación, se posicionó en los primeros lugares a nivel nacional y atendió a 15 mil personas usuarias, también el Instituto de Justicia Alternativa (IJA). Asimismo, se abrieron 27 centros regionales de Justicia Alternativa en el Estado.
En el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) se pusieron al día los planes académicas de los programas de doctorado, maestrías y especialidades, y la Unidad de Psicología y Estudios Socioeconómicos instaló el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Ciudad Juárez.
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