A 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, su familia sigue en búsqueda de justicia, en un caso que en ocasiones pareciera presumirse cerrado, pero que de acuerdo con asociaciones sigue, aunque en el limbo, a la espera sin éxito de ser olvidado.
Como parte de la memoria inerte ante la impunidad del caso de la luchadora y madre Marisela Escobedo Ortiz, y debido a los tiempos de pandemia que transcurren, así como a la seguridad propia de las personas involucradas, sus hijos: Juan Manuel, Alejandro y Jésica Frayre Escobedo, aseguraron que no dejarán de pedir justicia por el asesinato de su mamá.
“Hoy estamos aquí porque se cumplen 10 años del asesinato de mi mamá y aún no tenemos justicia. Es el más terrible día de nuestras vidas para recordar”. –Jésica Frayre Escobedo.
Señalaron que, hasta el último momento de su vida, Marisela creyó que era posible hacer justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol, aún creía en las autoridades.
Y como parte de las acciones por este décimo año sin Marisela, Juan Manuel y Alejandro llevaron tres documentos al consulado mexicano en Estados Unidos, donde son refugiados debido a lo endeble de su seguridad en Chihuahua.
En estos documentos, llevados ante la indolente respuesta nula del Gobierno del Estado de Chihuahua, liderado por Javier Corral, uno está dirigido hacia la Fiscalía y otro al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por parte ambos de organizaciones y la familia de Marisela. Y uno más para el presidente López Obrador, pero por parte del propio Juan Manuel Frayre Escobedo, en el cual le pide que continúe con la investigación del asesinato de su mamá.
Los tres documentos, señalaron, son un exhorto a las autoridades del Estado de Chihuahua y federales para que no abandonen el caso.
Aseveraron además que este gobierno tiene la oportunidad de resolver el caso de Marisela Escobedo, de detener al hombre que ha sido señalado en varias ocasiones, Andy Barraza, y que ahora mismo está detenido en Estados Unidos, aunque el término de su condena en 2021 podría significar perder la oportunidad de hacer justicia, y de asegurar que no existan otras mujeres como Rubí o como Marisela.
Exigieron que se investigue a las personas que desde las instancias de Gobierno traicionaron a Marisela Escobedo, como el exfiscal Carlos Salas y el exgobernador César Duarte.
Por su parte, Marcela Martino, del Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional, señaló que falta capacidad y voluntad por parte del Gobierno del Estado y de México para cumplir con sus obligaciones en la materia. Por lo que también se cumple más de un año de haber presentado una petición inicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso que está en sus primeras etapas.
Explicó que es usual que al presentar un caso ante esta instancia internacional, la espera sea de unos cinco años, sin embargo, el caso de Marisela se amerita para acelerarlo, por lo que en octubre fue notificado el Gobierno de México y tienen hasta finales de enero para responder.
El siguiente paso será que las organizaciones de la sociedad civil hagan observaciones, así como el mismo gobierno, para que la Comisión Interamericana haga un informe de fondo y determine si hubo responsabilidad internacional de las autoridades, así como emitir algunas recomendaciones.
En este punto la familia suele ser consultada para que el caso vaya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tribunal podría ordenar al Estado una inmediata reparación de los daños.
Martino, explicó que sobre todo se busca la no repetición por parte de las autoridades en cuanto a la impunidad en la violencia contra las mujeres, ya que nuestro país ha sido denunciado de manera repetitiva por esta causa. Así como la adopción de medidas preventivas para evitar que familiares de las víctimas sean forzadas a convertirse en luchadoras de derechos humanos para encontrar la justicia por cuenta propia.
Marisela Escobedo, reflejo de la realidad
Ruth Fierro, parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, mencionó que con el caso de Marisela Escobedo buscan llamar la atención de las autoridades sobre la situación generalizada de la violencia contra las mujeres, que es la violación a derechos humanos más extendida en México, y con la cual se saben hay entre 10 a 11 mujeres asesinadas cada día.
Todos los días 600 mujeres denuncian violencia familiar, 149 de ellas son delitos sexuales contra mujeres, niños y niñas en su mayoría. Y aun así la violencia contra las mujeres se caracteriza por ser invisible, impune y normalizada.
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